Una de las peticiones que se repite desde el estallido social el pasado 18 de octubre, la que pareciera ser central y que podría ser un agente catalizador de las diferentes voluntades, es la creación de una nueva Constitución Política de la República. Sin embargo, el cambio a nueva Carta Fundamental, como también se le denomina, no solo es propuesta desde la ciudadanía, si no que ha sido recogida por sectores políticos tanto de oposición como oficialismo.
Sin embargo, existe la interrogante respecto a cuáles son los aspectos de la actual Constitución que deberían ser reemplazados, eliminados o modificados en una eventual versión futura. Frente a esto, tres académicos entregaron su opinión al respecto.
Javier Couso, académico UDP
Para Javier Couso, académico constitucionalista de la Universidad Diego Portales, los principales cambios que se deben realizar tienen relación con las atribuciones del Tribunal Constitucional (TC) y su conformación. «Ha servido para echar abajo muchos proyectos de reforma legal que necesitaba la gente, como por ejemplo un proyecto que promovía que en Chile hubiera sindicatos fuertes, como en Alemania, o el que pretendía que tuviéramos un Sernac que realmente defendiera a los consumidores», señala.
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Conforme a su composición, el académico propone terminar con la facultad del Presidente de elegir «por sí y ante sí» a tres de sus miembros. «Esto ha permitido que, por ejemplo, hoy día la exasesora jefa del segundo piso del primer gobierno de Piñera, sea la presidenta del TC», añade.
Por otro lado, el especialista propone la implementación de negociaciones colectivas por rama (mineros, por ejemplo), la eliminación de prohibiciones de huelga y la modificación del controvertido régimen de propiedad sobre las aguas, poniendo énfasis en el buen manejo de las cuencas por sobre los derechos de particulares.
Finalmente, Couso agrega que se debe cambiar el «híper presidencialismo». «En Estados Unidos no existen leyes de iniciativa del Presidente, porque se considera que el Congreso tiene prioridad a la hora de legislar. En Chile es el Presidente el que la tiene. Todas esas cosas son imposibles de modificar sin una nueva constitución», apunta.
Constanza Hube, académica PUC
La profesora de la Universidad Católica Constanza Hube, por su parte, plantea la importancia de reducir el número de normas de la Carta Fundamental. «Una Constitución no tan grande finalmente favorece. Mientras más acotada, mientras más se vaya a lo principal, es más estable», apunta.
Hube también coincide en que podría modificarse el sistema de nombramiento actual o al número de miembros que lo componen el TC. «Que sea un número par, es un poco complejo porque el peso que le entregas al Presidente del TC para dirimir empate es muy fuerte. Volver a un número impar sería una buena reforma en esa línea», señala.
Finalmente, la académica también apunta a fortalecer la función del Congreso, realizando cambios en el sistema de gobierno actual. «Quizás avanzar a un sistema semi presidencial, son cambios que me parece que sería interesante explorar», señaló, agregando que debiese existir una mayor conexión entre el Congreso y el Presidente.
Francisco Soto, académico U. de Chile
El académico de la Universidad de Chile, Francisco Soto, recalca la importancia de que esta reinstale la idea de derechos. «En la Constitución del 80′, todos los derechos económicos sociales se transforman en libertades, entonces se deben devolver a su cauce tradicional», dice.
Al igual que Carolina Hube, Soto también es partidario de acotar las atribuciones del Presidente de la República y aumentar las del Congreso que, según él, «tiene un rol mucho más disminuido en cuanto al peso que tiene cada órgano constitucional».
En cuanto al TC, el académico recalca la necesidad de que se elimine el control preventivo, además de una modificación en el modelo de integración. «Que se concentre en gente que está al cierre de su carrera académica y no abrírselo a actores más políticos», dice.
Finalmente, el especialista apunta a que se regule el derecho del trabajo, el derecho a la vivienda, a una mejor protección del medio ambiente y garantizar el derecho a la salud. «En ese núcleo de derechos se ha ido tejiendo la privatización que pone el estado subsidiario y que básicamente ha hecho que la gente sienta que existe un sistema que lo abusa más que lo protege», concluye.