Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, es formalizado por presuntos delitos de corrupción: Esta es la medida cautelar fijada

El jefe comunal de Recoleta está siendo investigado por presuntos delitos cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

Daniel Jadue

Daniel Jadue

Este lunes 3 de junio el 3° Juzgado de Garantía de Santiago determinó las medidas cautelares para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Recordemos que el jefe comunal está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho, estafa y administración desleal y fraude al fisco.

Los delitos imputados, según señala el Ministerio Público, se realizaron en el marco de las operaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Archifarp), durante la pandemia por Covid-19.

Formalización de Daniel Jadue: Esta es la medida cautelar impuesta

La lectura de la resolución en la audiencia de formalización comenzó cerca de las 9:15 de la mañana.

En la instancia, según reportó La Tercera, la jueza Paulina Moya clarificó que «este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión«. Tras la presentación de la defensa y la fiscalía, la jueza procedió a determinar las medidas cautelares. Así, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quedó en prisión preventiva.

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La justificación de la jueza es que otras medidas de menor intensidad resultan «insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento«. Esto, considerando la cantidad de delitos imputados y las penas que arriesgaría el alcalde en caso de ser condenado. Recordemos que, en una sesión anterior de la audiencia, el Ministerio Público solicitó 15 años de presidio.

La prisión preventiva para el edil de Recoleta significa que trasladarán al jefe comunal hacia el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Junto a él, el juzgado también decretó la prisión preventiva para José Muñoz Becerra. Becerra, desempeñó el cargo de encargado de ventas de Archifarp entre julio y noviembre de 2020. Posteriormente, desde noviembre a junio de 2022, pasó a ser secretario ejecutivo de la asociación.

El juzgado también determinó un plazo de investigación de 120 días.

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